En su último encuentro la gente de Carta Abierta, el centro de intelectuales defensores de las acciones del Gobierno propició una reforma constitucional. Con el claro objetivo de respaldar la re-reelección. Debería ser llevada adelante “por un sujeto constituyente popular, para establecer una barrera antineoliberal”. Proponen los de Carta Abierta “unir los espacios populares y combativos del peronismo con los de izquierda”. Y una vez más arremeten contra las empresas periodísticas y los que en ellas ejercen su oficio calificándolas como pertenecientes a un “bonapartismo mediático”.
La definición es sorprendente, por lo menos relacionado con la prensa. La categoría “bonapartismo” la usó Carlos Marx en su análisis titulado El 18 brumario de Luis Napoleón, del 2 de diciembre de 1851 y también se refirió Engels en su libro El origen de la familia, de la propiedad privada y del estado. Desde esa postura teórica y política el “bonapartismo” sería la forma de gobierno en la que se desautoriza al Poder Legislativo. Y subordina todo el poder al Ejecutivo, ejercido por una personalidad plena de carisma, que se coloca como representante directo de la Nación y de todos sus intereses y garantiza el orden público.
En esa dirección, que es la postura oficialista, sería bueno preguntar a qué medios se refieren, cuáles son los que tienen todo el poder, como correspondería a su mención de “bonapartismo”.
Por supuesto están hablando de los medios críticos, que no hacen concesiones. En los hechos es el propio Gobierno el que se asimila con más propiedad a la categoría de “bonapartista” y no los medios de comunicación que le quitan el sueño a sus funcionarios con las denuncias crecientes de corrupción y de mala praxis en sus decisiones.
El espacio mayoritario en el gran mapa de medios en la Argentina está ocupado por grupos y empresarios que elogian (algunos sobreactuando) la administración gubernamental, en la que no encuentran errores. El periodismo crítico, minoritario, es vapuleado, arrinconado y despreciado informativa y publicitariamente. Y también amenazado con la aplicación de vengativos resortes en manos del Estado.
¿Cuánta dosis de “nacionalismo popular” se impone en la actual administración? Los procesos de concentración y de extranjerización de la economía vienen siendo crecientes y son remarcados por los conocedores a fondo de la estructura productiva. Señalan que la “matriz de producción” actual es la misma que la de la década del noventa. Nada se ha hecho para evitarlo. Setenta por ciento de las más importantes empresas en el país tienen la casa matriz en el extranjero. Todo el esfuerzo exportador generó amplias ganancias a esas compañías. Esa presencia no-nacional ha crecido en la generación del valor bruto de producción del 56 por ciento en los años noventa al 76 por ciento en la actualidad. Esta configuración muestra un carácter dependiente del proceso económico. Como contrapartida, en vez de crecer la inversión empresaria, ha caído, se achicó.
Hubo capitales que ingresaron, por supuesto, pero para las industrias ensambladoras, como la automotriz o las electrónicas de Tierra del Fuego, esto no asegura un desarrollo como el país merece.
Si bien la fuga importantísima de divisas empujó al Gobierno al control de importaciones, éste se hizo sin medir las consecuencias y también sin tener en cuenta si beneficiaba o perjudicaba a las líneas de producción nacionales. En su casi totalidad dañó a distintos sectores. La industria sustitutiva no apareció.
La estrategia económica nacional, que debería beneficiar, a criterio de los “nacionales y populares” a las clases y grupos más desposeídos, no lo hace. La inflación alta es otro impuesto más que ataca los bolsillos de los que menos tienen. El aumento del empleo ocultó el proceso de incremento del empleo público mientras el trabajo en negro siguió absorbiendo casi el 40 por ciento del total de la mano de obra. La baja competitividad en nuestras exportaciones (tipo de cambio cada día más atrasado) pone de rodillas a numerosas firmas privadas que optan por frenar la producción y ofrecer menos oportunidades a quienes las buscan. Las estatizaciones, que se van repitiendo, a un gran costo en las cuentas públicas, son consecuencia de ausencia de políticas que no se implementaron, oportunamente, desde el Gobierno. El Gobierno alentó el consumo popular y paralizó los reiterados costos en los servicios públicos con subsidios millonarios que ya no puede mantener ¿A toda esta suma de situaciones se la llama “modelo nacional y popular”?
No hay comentarios:
Publicar un comentario