Se denomina Informe Rattenbach al documento resultante del trabajo de la comisión creada bajo el gobierno de Reynaldo Bignone, cuyo fin fue el de analizar y evaluar el desempeño de las fuerzas armadas durante la Guerra de las Malvinas. El 25 de enero de 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la creación de una "comisión que proceda a la apertura y conocimiento público del Informe Rattenbach". Luego, el 7 de febrero de ese mismo año, anunció el levantamiento del secreto sobre el Informe Rattenbach mediante un decreto y creó una comisión para analizarlo, que estará integrada, entre otros, por el hijo del Teniente General (R) Benjamín Rattenbach.
Tras la Guerra de las Malvinas, la Junta Militar, en un intento por tomar otra vez la iniciativa política perdida por el descontento popular y el descrédito de las Fuerzas Armadas, creó una comisión encargada de analizar y evaluar el desempeño de dichas fuerzas en el conflicto bélico del Atlántico sur. Este informe ha sido catalogado como "el documento más objetivo y fidedigno sobre la responsabilidad de los jefes militares y subalternos, que podría ser la base para un futuro juicio por la verdad sobre este conflicto bélico".
La comisión se creó por decreto secreto el 2 de diciembre de 1982 (resolución nro. 15/82) durante el gobierno de Reynaldo Bignone y llevó el nombre oficial de Comisión de análisis y evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur.
La comisión recibió amplios derechos para solicitar "informes, documentos, antecedentes y todo otro elementos que se estime útil, a cualquier organismo público y a personas físicas o jurídicas públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlo dentro del término que se fije bajo apercibimiento de Ley. Al efecto, no se podrá oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido."
El fin de la investigación fue definido en el decreto como:
El desempeño en el ejercicio de las funciones y las responsabilidades emergentes respecto de la conducción política y estratégico militar del conflicto.
Las responsabilidades de cualquier persona, sean de carácter penal, disciplinario y/o del honor que surjan de lo actuado y que, a su juicio, deban ser investigadas y juzgadas por la jurisdicción común o militar respectiva, en la forma que legal y reglamentariamente corresponda.
Sin embargo, desde el punto de vista político e histórico, el informe sepultó definitivamente cualquier intento de los dirigentes militares y políticos de la época por encubrir o relativizar sus responsabilidades.
A pesar de ello, según Augusto Rattenbach, hijo del Teniente General (R) Benjamín Rattenbach, el informe fue adulterado para proteger a algunos de los altos jefes militares que participaron en la guerra, eliminándose referencias a los cargos "en lo penal militar" y a la rendición sin combatir en las Islas Georgias del Sur.
El informe nunca ha sido publicado oficialmente, aunque recientemente se ha anunciado su desclasificación y posterior publicación.
La revista semanal Siete Días en sus ediciones nº 858 y 859 (23 y 30 de noviembre de 1983) le dedicó su tapa y gran parte del número a dicho documento; de esa forma éste salía a la luz pública de manera extraoficial. Luego se publicó en forma de libro al menos en dos ocasiones. Actualmente se puede acceder a la versión no oficial a través de diversas páginas web.
En abril de 2007, los diputados nacionales Federico Storani y Pedro Azcoiti presentaron un proyecto de ley (expediente 1350-D-2007) para proceder a la publicación del informe.
El 25 de enero de 2012, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la conformación de "una comisión para la reapertura y conocimiento público del informe Rattenbach". Finalmente, el 7 de febrero de 2012, la presidenta anuncia la firma del decreto 200 que estipula la disponibilidad para conocimiento público del informe en un plazo no mayor a 30 días.
El informe recomendó penas graves para los responsables de lo que calificó como una "aventura militar" (que implicaban la pena máxima para algunos de ellos), pero su influencia sobre el juicio posterior fue prácticamente nula.
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