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sábado, 23 de junio de 2012

EL GRITO DE ALCORTA: 1916-1922: CAUSAS DEL CONFLICTO AGRARIO EN EL PRIMER GOBIERNO DE IRIGOYEN

Los conflictos rurales

A mediados de 1912 se   produjeron una violenta revuelta de colonos y arrendatarios denominada "Grito de Alcorta". El mundo rural ya había presenciado importantes conflictos, como el alzamiento de los colonos santafesinos en apoyo de los levantamientos radicales de 1893. 

En 1912, los malos precios de los granos provocaron importantes deudas que dejaron a los pequeños chacareros arrendatarios sin respuesta ante sus acreedores. Entre estos acreedores se encontraban empresas acopiadoras, como Dreyfus y Bunge y Born. A fines de junio de ese año estalló la rebelión de los chacareros armados. De este conflicto nació la Federación Agraria  Argentina que, a diferencia de la Sociedad Rural Argentina, representaba a los pequeños productores.


Antecedentes: 

Las pésimas condiciones contractuales de arrendamiento de tierras, de los colonos, en su mayoría inmigrantes, con respecto a los grandes terratenientes provocó el estallido de una enorme protesta de los pequeños productores, en la provincia de Santa Fe, en la colonia de Alcorta, en 1912. 

El conflicto, que evidenciaba las necesidades que pasaba el sector, se extendió rápidamente a las provincias de Buenos Aires y Córdoba. Con la unión de los chacareros disconformes por los aumentos de los arrendamientos, las condiciones desiguales de comercialización y la imposibilidad de convertirse en propietarios, surgió la Federación Agraria Argentina, aún existente, que, a diferencia de la Sociedad Rural creada en 1866, representaba a los pequeños y medianos productores agropecuarios. El conflicto, que duró tres meses, obtuvo algunos éxitos, ya que algunos propietarios disminuyeron el precio de los arrendamientos. 

La cuestión agraria: 

El sistema de explotación de la tierra se basaba en incorporar paulatinamente a la producción nuevas tierras que se cultivaban mediante el sistema de arriendo. Pero hacia 1910, ya estaban en explotación la totalidad de las tierras disponibles y aptas para la producción agropecuaria de exportación. 
Ante esta situación, los propietarios de las tierras —para mantener el nivel de beneficios que obtenían— se decidieron por sucesivos aumentos en los precios de los arrendamientos.

Los agricultores arrendatarios, por esos años, enfrentaban dificultades para lograr su subsistencia y cumplir con el contrato. El aumento de los precios de los arrendamientos profundizó su crisis y generó un gran descontento. La crisis de los agricultores comprometía también a los comerciantes de la campaña, proveedores de los insumos y bienes de consumo y también del dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la cosecha. 

La cuestión agraria se planteó en junio de 1912 cuando —después de intentar una conciliación que -los terratenientes rechazaron— los arrendatarios del pueblo de Alcorta, en el centro de la zona maicera de Santa Fe, decidieron utilizar el mismo instrumento que los asalariados urbanos: la huelga. 

Los campesinos se negaron a arar los campos y reclamaron el establecimiento de un tipo uniforme de arrendamiento. En el transcurso de la lucha, ampliaron sus demandas: plazo mayor de contratación, rebaja de los arrendamientos en dinero y de los porcentajes de producción que debían entregar los aparceros y, también, exención de impuestos. 

La primera reacción de los propietarios fue desconocer la validez del movimiento y los reclamos. Pero cuando la huelga y la movilización se extendieron hacia el sur de Santa Fe y el norte y el oeste de Buenos Aires, los miembros de la Sociedad Rural de Rosario y de Buenos Aires comenzaron a sentir amenazado su derecho de propiedad. Los terratenientes exigieron a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional que reprimiera, a través de las fuerzas del orden, este movimiento que consideraron subversivo. 

El gobierno nacional intervino a través del Ministerio de Agricultura y puso fin a la huelga. Estableció que los reclamos, en general, no estaban justificados pero promovió la formación de tribunales arbitrales para resolver las diferencias entre propietarios y arrendatarios. Finalmente, las gestiones conciliatorias terminaron en el fracaso de las reivindicaciones exigidas por los agricultores. 

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